La protección contra el ruido y la contaminación acústica es un problema actual que afecta de forma trasversal a ámbitos tan dispares como la salud, el medio ambiente o el urbanismo, siendo la Administración Pública la encargada de velar por los derechos fundamentales que pudieran verse vulnerados al infringirse la normativa que la regula, tales como la intimidad personal y la privacidad del hogar.
La obra que presentamos recoge un exhaustivo análisis jurisprudencial sobre esta temática, desde la perspectiva principal del Derecho Administrativo, con vocación de servir de utilidad para cualquier ciudadano y sus representantes legales, tanto en su relación con la Administración como para encarar con garantías la defensa de sus derechos frente a terceros emisores de ruidos que superen los niveles permitidos legalmente. También creemos que constituirá una herramienta muy práctica para peritos y técnicos de la Administración o de empresas inspectoras, que serán los encargados de realizar las mediciones y certificaciones correspondientes.

Este Real Decreto-Ley, con entrada en vigor el 6 de marzo de 2019 y convalidado el 3 de abril de 2019 por la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, modifica la regulación de los arrendamientos urbanos y, en parte, la Ley de Propiedad Horizontal, así como algunos preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la normativa fiscal.
La publicación ha sido coordinada por el mayor experto en la materia, Daniel Loscertales Fuertes, y se incluyen sus acertados comentarios. Además, incorpora los análisis de los artículos reformados de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por Alberto Torres López, Director Jurídico de sepín, y de las leyes fiscales, por Samuel de Huerta Hernández, responsable del Departamento de sepín Fiscal.
Asimismo, mostramos los seis textos legales aplicables en Arrendamientos Urbanos y otra normativa general modificada, añadiendo otros documentos de carácter práctico: cuadros comparativos, esquemas y formularios adaptados a la nueva legislación elaborados por el Departamento Jurídico de sepín.
Todo con el rigor acostumbrado de nuestra Editorial, líder indiscutible en la materia desde hace 35 años.

Ofrecemos al profesional una selección de jurisprudencia en la que se resuelve la problemática que surge de la confusa sistemática legislativa de las fases que componen el procedimiento de división judicial de la herencia. Son innumerables los interrogantes a los que damos respuestas, como, por ejemplo, las controversias que pudieran suscitarse entre las partes respecto a la inclusión o exclusión de determinados bienes en el inventario al que alude el art. 794.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Por otra parte, a raíz del art. 783 LEC ?que señala que ?solicitada la división judicial de la herencia se acordará, cuando así si hubiere pedido y resultare procedente, la intervención del caudal hereditario y la formación de inventario??, surge otra cuestión: ¿solo puede acordarse la formación de inventario cuando, al mismo tiempo, se ha solicitado la intervención del caudal hereditario? Aunque no siempre fueron coincidentes las posiciones de las Audiencias Provinciales, hoy se ha generalizado la respuesta afirmativa. Asimismo, exponemos otros muchos aspectos, como quiénes pueden acudir a este proceso o qué Tribunal ostenta la competencia. También resulta de sumo interés determinar si, para la formación de inventario, es necesario o no realizar por separado o previamente la liquidación de los gananciales. Finalmente, recogemos el nuevo criterio del Tribunal Supremo sobre el posible acceso de la división de la herencia al recurso de casación a través de la vía del interés casacional.

La legitimación activa y la pasiva, que se encuentran recogidas, con carácter general, en el art. 10 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, presentan una rica casuística.
No solo desde una perspectiva general, que ya fue objeto de análisis en otro Cuaderno, sino concretamente cuando nos adentramos en cada uno de los distintos procesos: tanto declarativos como especiales.
¿Quién o contra quién debe dirigirse la demanda? La delimitación de las partes activa y pasiva no siempre es fácil en los procesos arrendaticios, en los de propiedad horizontal, en los verbales de rectificación, de retener o recobrar la posesión, de suspensión de obra nueva o, finalmente, en los juicios ordinarios referentes al honor.
Lo mismo acontece con los especiales del Libro IV de la norma rituaria. La determinación de los actores y demandados en los procedimientos de capacidad, filiación, división de la herencia o en el monitorio da lugar a muchas dudas y a errores que pueden producir como resultado la desestimación de nuestras demandas por la deficiente constitución subjetiva de la relación jurídico procesal.

El derecho al voto es uno de los fundamentales dentro del régimen de propiedad horizontal y puede ser ejercitado por los asistentes de manera personal o por representación; además, para determinados tipos de acuerdos, la regla 8 del art. 17 LPH cuenta también a los ausentes, que se sumarán a las decisiones adoptadas en Junta si, en el plazo de 30 días desde la notificación, no manifiestan su discrepancia.
¿En qué supuestos será necesario esperar esta contestación? ¿Cómo se debe notificar el acta? ¿Qué conducto será válido para que el comunero conteste?
La casuística es tal que es importante tener en cuenta todos los casos, y ver la respuesta dada por la jurisprudencia, como podrán comprobar en este estudio, pues está claro que a un propietario que no asiste se le tiene por ausente, pero ¿cómo se considera al que llega tarde a la Junta o al que se ausenta antes de la adopción del acuerdo?
Completamos este trabajo con el cómputo de las abstenciones, esto es, de aquellos que están presentes, pero no se pronuncian ni a favor ni en contra.

Este Real Decreto-Ley, con entrada en vigor el 6 de marzo de 2019 y convalidado el 3 de abril de 2019 por la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, modifica la regulación de los arrendamientos urbanos y, en parte, la Ley de Propiedad Horizontal, así como algunos preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la normativa fiscal.
La publicación ha sido coordinada por el mayor experto en la materia, Daniel Loscertales Fuertes, y se incluyen sus acertados comentarios. Además, incorpora los análisis de los artículos reformados de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por Alberto Torres López, Director Jurídico de sepín, y de las leyes fiscales, por Samuel de Huerta Hernández, responsable del Departamento de sepín Fiscal.
Asimismo, mostramos los seis textos legales aplicables en Arrendamientos Urbanos y otra normativa general modificada, añadiendo otros documentos de carácter práctico: cuadros comparativos, esquemas y formularios adaptados a la nueva legislación elaborados por el Departamento Jurídico de sepín.
Todo con el rigor acostumbrado de nuestra Editorial, líder indiscutible en la materia desde hace 35 años.

La tutela de la seguridad vial se encuentra regulada en nuestro Código Penal a través de los delitos contra la misma. Aunque en el mes de marzo se realizó una modificación ?en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor y sanción del abandono del lugar del accidente?, hasta que se pueda mostrar el desarrollo de su tipicidad por los Tribunales, hemos realizado una amplia selección de resoluciones para delimitar el tipo, los medios de prueba, la pena y los posibles atenuantes o eximentes de cada figura delictiva.
Para el estudio de dichos delitos se ha dividido la selección en varios apartados. En primer lugar, se desarrollan los de peligro abstracto, que incluyen los derivados de conducción con exceso de velocidad, bajo los efectos del alcohol o drogas, de negativa a someterse a la prueba de alcoholemia o drogas, de conducción sin permiso y de grave riesgo para la circulación. En segundo lugar, los de peligro concreto, que se materializan mediante conducciones temerarias concretamente peligrosas para la vida o integridad de las personas, o el realizado con el plus de manifiesto desprecio por la vida ajena. Y se finaliza con el concurso de delitos, el decomiso y la rebaja de la pena de prisión.

El consumo y la adicción al alcohol, a las drogas tóxicas, estupefacientes y demás sustancias psicotrópicas tienen su incidencia en la esfera de la culpabilidad y en el tratamiento penológico de las conductas delictivas. Así, unas veces excluyen la responsabilidad penal; otras, operan como eximente incompleta o como mera atenuante, y, por último, se aplican como atenuante analógica de aquella responsabilidad criminal del sujeto activo del delito.
¿Qué elementos han de concurrir para que se pueda considerar una intoxicación plena a efectos de aplicarse como eximente completa? La grave adicción, para que se aprecie como atenuante, ¿qué requisitos debe contener? ¿En qué supuestos procede su estimación como eximente incompleta y en cuáles como atenuante analógica? Nuestra jurisprudencia ofrece sus respuestas a estas y otras cuestiones, que recogemos en este estudio de una forma sistematizada y muy práctica.

La sección de Jurisprudencia al Detalle analiza el derecho a la no discriminación en el ámbito laboral, centrándonos en los supuestos de desigualdad hacia la mujer por razón de género, es decir, por razón de sexo.
Partiendo de esta situación, hemos tratado de recoger aquellos supuestos más comunes en el trabajo en los que la mujer puede verse sometida a un trato más desfavorable por parte del empresario por el solo hecho de su condición.